Febrero 96
EL CONTEXTO
Vivimos en un país capitalista dependiente de América Latina. Esto nos plantea realidades que exigen soluciones propias (ver Martí).
Hasta ahora muchos dirigentes han pretendido aplicar modelos exitosos en otros países y contextos, lo cual nos ha hecho mucho daño.
El país vive un severa crisis económica, social y política.
Las condiciones de vida -determinante fundamental de la salud de la población- se ha deteriorado significativamente en la última década.
Los indicadores tradicionales y más generales de salud han descendido o se han estancado. Nos acosan a la vez problemas de salud propios de los países pobres como las diarreas en niños menores de 5 años y de los países desarrollados como los accidentes de tránsito.
En el sector salud podríamos identificar dos grandes dificultades:
- Deterioro severo de la calidad de atención en los servicios públicos. Inaccesibilidad a los escasos y deteriorados servicios que presta el Estado por cobros directos generalizados a la población.
- Caída de la efectividad de las actividades preventivas.
Los determinantes de esta situación son:
- El desfinanciamiento del país debido a la deuda externa.
- El modelo político e ideológico dominante caracterizado por:
- Criterios de inversión social regresivos para las mayorías e inclinados hacia los grupos económicos poderosos (Ej: sector financiero)
- Corrupción política y moral que impone el beneficio para personas y grupos de poder, a través del erario público
- Tesis económicas neoliberales que plantean soluciones individuales a problemas sociales.
LA RESPUESTA ACTUAL:
En el marco de la tesis planteada que indican en los últimos años a partir del 27 de Febrero de 1.989 la apertura de posibilidades de transformación radical del país (4 de Febrero de 1.992), que al no concretarse dieron paso a posibilidades evolucionistas (Caldera), que progresivamente han retrocedido hasta encontrarnos en serio riesgo involutivo, se han dado algunas iniciativas en salud dignas de analizar.
La crisis del modelo político vigente que mantiene entrabados los mecanismos estatales para dar respuestas a las más elementales funciones públicas, han llevado al impulso de la descentralización como estrategia eficientista más no democratizadora en el sentido amplio del término. Este hecho, impuesto como una realidad política desde las entidades federales y visto como una salida al entrabamiento del poder nacional, en el contexto descrito no va a significar un cambio profundo de la situación, aunque podría tener elementos positivos. La descentralización de la salud impulsada hoy en más de la mitad de los estados del país está teniendo más dificultades que logros debido, repetimos, al contexto político-social no favorable a las grandes mayorías.
Por otro lado, otras iniciativas enmarcadas en la llamada reforma del sector salud, como es el caso de la reestructuración del MSAS está teniendo serias trabas que ponen en peligro la viabilidad de la propuesta. Entre ellas está la gran incoherencia interna en cuanto a los principios político-ideológicos con que se adelanta. Desde posiciones progresistas y avanzadas, pasando por actitudes de claro clientelismo y corrupción, hasta posiciones neoliberales más o menos enmascaradas, pueden encontrarse en los distintos actores que tratan de impulsar la reforma. Obviamente predominan las dos últimas tendencias debido al contexto político en el que esto ocurre y a la incoherencia del actual gobierno.
El problema financiero del sector es uno de los aspectos donde estas contradicciones se expresan más claramente. Aún cuando existen algunas iniciativas débiles por garantizar la equidad en la solución de este problema, predominan las tendencias privatizadoras del sector con distintas modalidades.
PROPUESTA PARA LA TRANSICIÓN:
La propuesta de salud en la transición debe partir de un contexto político-económico radicalmente diferente al actual. Ello plantea un nuevo modelo político que establezca una nueva relación con los acreedores internacionales en cuanto a la deuda externa, así como un nuevo modelo de inversión social en beneficio de las mayorías donde la democratización de la sociedad sea un hecho masivo y real, no reducido a una participación formal electoral manipulada.
Ello plantea como primer paso el impulso de una política de combate a las desigualdades en las condiciones de vida de la población y una recuperación financiera del sector salud, lo cual permitirá impulsar una reforma real y profunda, democratizadora y un redireccionamiento del proceso descentralizador garantizado con el fortalecimiento del nivel gubernamental nacional el control del proceso impidiendo la privatización, el desarrollo de roscas políticas corruptas y clientelares en los estados y la equidad.
Se considera a la salud y la educación asuntos de seguridad de Estado. Por lo tanto se atenderá de manera prioritaria el desarrollo de los recursos humanos encargados de estas dos responsabilidades públicas. La formación de profesionales y técnicos para el área de la salud estará bajo control privilegiado del Estado. Quedan prohibidas la huelga laborales en el sector salud y educación.
La actividad de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tendrá un gran vigor garantizado desde el gobierno nacional. El incremento presupuestario en el nivel nacional estará destinado principalmente para estas actividades. La administración y operación de los servicios de salud se trasladará progresivamente a los niveles locales con intensa participación social en la planificación, administración y control popular.
Se eliminará el cobro directo en hospitales y ambulatorios públicos. Podrán establecerse mecanismos de financiamiento a través de que el estado a través de la seguridad social, las empresas privadas y las personas solventes económicamente cubran los costos de la atención de la población.
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